El Caso Nevada 1: El Contrato Tarma y una Red de Traición (Parte 2)

El Contrato Tarma no solo buscó tapar un agujero financiero, sino que también evidenció una red de complicidades que puso en jaque la integridad de Blanco SAF.

El Rol de Javier Rodríguez Larraín en el Conflicto

Javier Rodríguez Larraín (JRL), en lo que parecía un intento deliberado por desviar la atención de las irregularidades de José Castillo y la desaparición de los $1.4 millones de Félix Rosenberg, acusó a ciertos miembros del Directorio de “haber desviado el cheque de Rosenberg hacia Blanco SAF”. Sin embargo, esta acusación no solo era infundada, sino que carecía completamente de sentido práctico y financiero.

La acusación de JRL: ¿Qué ganaban los directores?

JRL alegó que algunos miembros del Directorio desviaron fondos que debieron haberse destinado a los partícipes de Nevada 1 hacia Blanco SAF, supuestamente para cubrir gastos como la planilla y las dietas del Directorio y del Comité de Inversiones, las cuales habían sido aprobadas en Asamblea. Pero esta acusación plantea preguntas fundamentales:

¿Cuál era el supuesto beneficio para los directores? - Las dietas del Directorio eran obligaciones contractuales aprobadas en Asamblea y reflejaban horas de trabajo dedicadas en medio de una crisis. Por otro lado, los pagos de planilla eran obligaciones fiscales ineludibles de Blanco SAF. No hay un beneficio directo o personal para los directores en asegurar el cumplimiento de estos pagos.

El contrato Tarma: El conocimiento de JRL

Para afirmar que “Nevada 1 no le debía nada a Blanco SAF”, JRL necesariamente debía estar al tanto del Contrato Tarma, ya que este es el único documento que condonaba dicha deuda. Si JRL conocía la existencia del Contrato Tarma, es lógico asumir que también conocía su contenido. Siendo abogado de profesión, resulta difícil creer que JRL ignorara que este contrato beneficiaba a los partícipes de Nevada 1 a expensas de los fondos públicos BP6 y BP7, fondos que la SMV ya había identificado como perjudicados por comisiones cobradas en exceso y que, además, él estaba explícitamente designado para proteger en su calidad de Presidente del Directorio.

Recordemos, además, que este es el mismo JRL que, junto a Carlos Kouri, intentó promover la creación de una gestora que él mismo describió como una “opción creativa” y fuera del marco de la normativa legal. En las palabras del mismo JRL:

“Se ha agregado una (alternativa) adicional que no está dentro de las alternativas de ley, pero sí está dentro de las opciones que uno puede como interesado y partícipe y afectado general con esa creatividad. Y lo que yo dije del señor Kouri, no es que él lo está haciendo para robar la gestora (…) él está tomando la iniciativa de constituir una sociedad y ‘transferirla’.” - JRL

“El señor Carlos Kouri, sin que se lo haya pedido nadie, ha ya presentado inclusive la minuta de inscrita pública de la constitución de una gestora.” - JRL

Esta propuesta, promovida en webinar por Ricardo Jimenez, claramente beneficiaba más a los liquidadores que a los partícipes, refuerza las dudas sobre las verdaderas intenciones detrás de su accionar y descalifica al señor Carlos Kouri para seguir presidiendo al Comité de Vigilancia toda vez que ha salido en defensa de Nevada 1 perjudicando a los 5 fondos que lo eligieron.

Entonces, ¿qué motivó a JRL a crear una narrativa de “robo” contra el resto del Directorio? ¿Fue un intento por proteger intereses personales, como la creación de una gestora propia, como se sugiere en un audio donde presuntamente discute con “Pepe” quedarse con el 5%? ¿O fue una estrategia para encubrir el desvío de los $1.4 millones de Rosenberg?

El abandono de los intereses reales de Nevada 1

Si la intención de JRL hubiera sido genuinamente proteger a los partícipes de Nevada 1, habría utilizado su posición para ayudarlos a entender la gravedad del contrato Tarma, que para los participes de NV1, no solo implicaba aceptar una pérdida sobre su inversión, sino que además ocultaba el desvío de fondos. Los habría guiado para iniciar acciones legales contra los responsables del robo, quienes aún permanecen impunes.

En lugar de ello, JRL aparece en webinars con Carlos Kouri proponiendo “soluciones” que él mismo reconoce fuera del marco de la ley, mientras orquestaba cortinas de humo acusando a parte del Directorio de acciones que los documentos oficiales desmienten. Su accionar no busca esclarecer la verdad ni proteger a los partícipes, sino proteger a José Castillo y otros responsables de las irregularidades, mientras ataca a quienes cuestionan estas prácticas.

La protección a Castillo: Una decisión cuestionable

Lejos de iniciar acciones legales contra José Castillo, quien debió haber sido el principal blanco de denuncias legales por su gestión, JRL no sólo lo protegió, sino que lo insertó dentro de la estrategia legal de Blanco SAF. Esto incluye permitirle participar en reuniones clave que diseñaban la defensa legal de Blanco, y liderar reuniones de contratación con el estudio Azabache cuando Castillo era una de las personas que debía ser denunciada.

Conclusión: JRL, Castillo y el silencio sobre los $1.4 millones

El comportamiento de JRL es altamente cuestionable. Su conocimiento del contrato Tarma y su insistencia en desviar la atención hacia acusaciones infundadas no sólo protegieron a Castillo, sino que también mantuvieron en la sombra el verdadero problema: la desaparición de $1.4 millones de Rosenberg. Mientras tanto, los partícipes de Nevada 1, en lugar de recibir apoyo para recuperar su dinero, fueron manipulados para aceptar condiciones injustas, beneficiando a un entramado oscuro que todavía busca eludir la justicia.

Inacción Deliberada o Colusión Estratégica

El papel de JRL no se limita a sus declaraciones públicas. Mientras el Directorio enfrentaba una crisis sin precedentes, su gestión estuvo marcada por decisiones cuestionables:

Control de la Información: JRL limitó deliberadamente el acceso del Directorio a detalles críticos, como el Contrato Tarma y sus implicancias. Este control selectivo de información permitió que decisiones controvertidas pasaran desapercibidas.
Permitir la operatividad de José Castillo: Aunque Castillo debía permanecer en Blanco SAF exclusivamente para responder a los oficios de la SMV, continuó desempeñando funciones operativas, incluyendo el manejo de recursos financieros y tokens. Esto ocurrió bajo la supervisión de JRL, incluso cuando se acumularon 38 oficios sin responder desde agosto 2024, según la SMV.

Reuniones Secretas y Exclusión del Directorio

Uno de los ejemplos más claros de la falta de transparencia de JRL fue el intento de contratación del estudio Azabache para liderar la estrategia legal de Blanco SAF. Según documentos internos:

Solo dos de los cinco directores fueron informados inicialmente sobre la contratación del estudio, excluyendo a miembros clave como Bernardo Rodríguez Chlimper y Jorge Espada Salazar.
José Castillo, señalado como uno de los principales responsables de las irregularidades, no solo participó en las reuniones legales, sino que también influyó en la selección del estudio y en el diseño de la estrategia, lo cual representa un claro conflicto de intereses.
Los directores Jorge Espada y José Miguel Chumpitasi, respondieron a través de correos electrónicos, que los miembros del Directorio estaban de acuerdo con el inicio de acciones legales contra los responsables que hubiesen ocasionado la coyuntura actual de Blanco SAF en defensa de los inversionistas y que para dar inicio a la propuesta del Dr. Azabache, era necesario que el Directorio sesione a la brevedad, para su aprobación formal, de ser el caso, y conocer de qué manera se financiará las acciones legales.

En un correo fechado el 31 de octubre de 2024, Castillo escribió:

“Recibí la instrucción del Presidente del Directorio de remitir la información al estudio Azabache y apoyar en la elaboración de esquemas que permitan separar las responsabilidades civiles, administrativas y penales.”

Este correo confirma que JRL no solo permitió, sino que instruyó la participación activa de Castillo en un proceso legal que debía investigarlo como uno de los principales responsables. Además, Castillo habría contratado al propio Azabache para su defensa personal, lo que comprometería la imparcialidad de este abogado y de la estrategia general.

CORREO ORIGINAL COMPLETO:

Análisis completo sobre el correo y cómo JRL involucra a José Castillo en la contratación de la defensa legal de Blanco SAF

ANÁLISIS COMPLETO SOBRE EL CORREO Y CÓMO JRL INVOLUCRA A JOSÉ CASTILLO EN LA CONTRATACIÓN DE LA DEFENSA LEGAL DE BLANCO SAF:

Un Objetivo Oculto: Salvar a José Castillo

Correos internos y reuniones documentadas revelan un patrón claro: proteger a José Castillo de las posibles consecuencias legales y administrativas derivadas del caso Nevada 1. Según testimonios de miembros del Directorio, como Bernardo Rodríguez Chlimper, la estrategia liderada por JRL tenía un objetivo principal:

Desvincular a Castillo de cualquier responsabilidad directa apuntando a responsabilizar a otros actores como María Luisa Aguirre, que por cierto estaría también implicada

En una reunión privada en el estudio de abogados de JRL, quedó evidente que una parte significativa de la estrategia se centraba en proteger a Castillo, incluso si esto significaba ignorar las implicaciones legales y éticas de su gestión.

El Desvío Hacia la Creación de la Gestora

Otra de las iniciativas promovidas por JRL y Castillo fue la creación de una nueva gestora, una propuesta que habría beneficiado directamente a Castillo y otros actores implicados. En un correo enviado por Bernardo Rodríguez Chlimper, este calificó la propuesta de:

“INVIABLE, una idea descabellada de las tantas que el señor José Castillo pretende implementar.”

A pesar de estas críticas, JRL continuó impulsando esta estrategia en desafío directo contra la SMV, ignorando las regulaciones y priorizando intereses personales. Esto refleja cómo se utilizaron recursos y tiempo valioso en ideas que, lejos de resolver la crisis, la agravaron, afectando aún más a los partícipes de los cinco fondos.

Y esto iba en directa oposición con respecto a lo que decía la SMV al respecto como lo indica este correo por parte de la señora Matilde Portocarrero dias antes de la asamblea en noviembre:

Conclusión Implícita

Las decisiones tomadas por Javier Rodríguez Larraín (JRL) en torno al caso Nevada 1 no pueden ser catalogadas como simples errores de juicio. Por el contrario, forman parte de un esquema diseñado para proteger a José Castillo, mantener el control sobre decisiones clave y desviar recursos en perjuicio del BP6, BP7 y otros fondos. JRL manipuló deliberadamente procesos internos, ocultó información al Directorio y priorizó intereses personales sobre el bienestar de los partícipes.

El Verdadero Objetivo del Caso Nevada

La intención detrás del caso Nevada era clara: consumar el pago del saldo acordado con los partícipes, quienes incluso habrían aceptado asumir una pérdida que no les correspondía. Estas pérdidas estaban relacionadas con el desvío de $1.4 millones que jamás fueron recuperados ni sujetos a una acción legal contra los responsables. Este esquema permitía liquidar el Fondo Nevada 1 y cerrar el caso sin investigar al beneficiario final del desvío.

El dinero para cubrir estas pérdidas provenía de una sociedad como Blanco SAF, ya en bancarrota, cuyos activos debían ser destinados a compensar a los fondos públicos perjudicados. Para José Castillo, María Luisa Aguirre y JRL, este desvío no representaba ningún costo adicional, pues sabían que Blanco estaba perdido. En este contexto, el beneficiario final del desvío permanecía oculto, protegido por un manto de impunidad.

La Participación de María Luisa Aguirre

La participación de María Luisa Aguirre en este esquema es ineludible. Aguirre, quien firmó la Escritura Pública vinculada al Contrato Tarma, tuvo un rol clave al validar un documento que posteriormente fue observado por la SMV. Resulta difícil imaginar que Aguirre no estuviera al tanto de los beneficios que este esquema traía al beneficiario del desvío de los $1.4 millones, sobre todo considerando su papel central en la administración de Blanco SAF. Su firma selló el contrato que permitió perpetuar esta irregularidad y evitar que saliera a la luz.

Un Esfuerzo Deliberado por Ocultar la Verdad

La estrategia para encubrir el desvío fue meticulosa. No se ejecutaron las garantías de Nevada 1 y Nevada 2 porque hacerlo habría destapado el motivo por el cual Félix Rosenberg dejó de pagar a los inversionistas según el cronograma acordado. Una investigación exhaustiva habría revelado la apropiación ilícita de fondos, implicando directamente a Castillo, Aguirre y posiblemente a JRL. En lugar de ello, se optó por una solución privada con Félix Rosenberg y algunos partícipes de los fondos, evitando así que las irregularidades salieran a la luz. Es más, parte del compromiso de pago del acuerdo Tarma se habría pagado con la venta de un departamento del edificio República que debió destinarse al 100% a los partícipes del fondo BP5.

El Impacto en BP6 y BP7

El Desvío de Activos: Un Golpe a la Justicia Financiera

Uno de los aspectos más graves del Contrato Tarma fue el uso del terreno ubicado en Piura, conocido como “Valle Medio,” para cubrir el $1.4M faltante. Este activo, que originalmente pertenecía al Fondo EQ3, debía haber sido destinado a resarcir a los partícipes de BP6 y BP7, quienes ya enfrentaban una crisis por las comisiones cobradas en exceso y otras irregularidades. Sin embargo, el terreno fue utilizado para beneficiar exclusivamente a Nevada 1, lo que representa una clara lesión a los intereses de los fondos públicos.

Esta irregularidad no pasó desapercibida para la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), que en su Memorándum 016 no solo cuestionó esta disposición, sino que también estableció una medida cautelar sobre dicho terreno para garantizar que no se siga perjudicando a los fondos públicos.

Además, el intento de condonación de las comisiones administrativas adeudadas por Nevada 1 —registradas como S/ 766,984 + IGV en los estados financieros a junio de 2024— privó a Blanco SAF de recursos clave para hacer frente a sus obligaciones y poder mantener su operatividad en beneficio de todos los fondos que administra (remuneraciones atrasadas del personal, alquiler de la oficina, agua y electricidad, entre otros) y el saldo a los fondos públicos.

La Indignación Silenciosa

Mientras los partícipes de Nevada 1, encabezados por figuras como Ricardo Jiménez y Gustavo Gallo, clamaban públicamente por supuestos derechos vulnerados, los partícipes del BP6 y BP7 permanecían en gran parte ajenos al impacto de estas decisiones. Muchos de ellos ignoraban que estos recursos que debían servir para cubrir compensaciones identificadas por la SMV estaban siendo utilizados para satisfacer las demandas de los 40 participes de Nevada 1.

Esta narrativa unilateral, impulsada por intereses personales, buscó culpar al Directorio de Blanco SAF por haber descontado las comisiones administrativas del cheque de Félix Rosenberg. Sin embargo, omitió mencionar que los recursos utilizados para beneficiar a Nevada 1 no le correspondía, sino que lesionaba directamente los intereses de los partícipes del BP6 y BP7.

Las Observaciones de la SMV

El Memorándum 016: Una Luz Sobre la Oscuridad Administrativa

El Memorándum N° 016-2024, emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), constituye un documento clave que desnuda con precisión las irregularidades en la gestión de Blanco SAF. Este informe no solo identifica fallas administrativas graves, sino que también expone un patrón de decisiones que contradicen los principios fundamentales de transparencia, ética y justicia financiera.

Hallazgos Clave del Memorándum

La Firma de Maria Luisa Aguirre: Según el memorándum, Maruja Aguirre firmó la escritura pública del contrato representando a Blanco SAF el 22 de agosto de 2024, a pesar de haber renunciado oficialmente a su cargo el 5 de agosto de 2024. La SMV calificó este acto como una grave irregularidad, pues Aguirre carecía de autoridad legal para firmar en nombre de la administradora. Este hecho cuestiona la validez del contrato y subraya una alarmante falta de controles internos en Blanco SAF.
La No Ejecución de Garantías: La SMV cuestionó duramente por qué Blanco SAF optó por asumir las deudas de Nevada 1 en lugar de ejecutar las garantías de Félix Rosenberg. Esta decisión privó de recursos esenciales a los fondos públicos BP6 y BP7, evidenciando una gestión negligente que favoreció intereses específicos en detrimento de otros partícipes.
El Uso de Activos que debían ser usados para resarcir a otros Fondos: El memorándum confirmó que activos como el terreno de Piura fueron utilizados para beneficiar a Nevada 1 haciendo caso omiso a los oficios vigentes que estipulaban que dichos terrenos y comisiones debian utilizarse para pagar las deudas de Blanco SAF con los fondos públicos BP6 y BP7.

La Respuesta de Blanco SAF: Promesas Vacías

Frente a las observaciones de la SMV, la reacción inicial de Blanco SAF fue limitada, evasiva y careció de acciones concretas. Aunque el Directorio se comprometió públicamente a abordar las irregularidades, las tensiones internas y la influencia de José Castillo y Javier Rodríguez Larraín obstaculizaron cualquier intento significativo de cambio. En este ambiente de opacidad y manipulación, las exigencias de la SMV quedaron sin respuestas claras y efectivas.

El Encubrimiento en los Estados Financieros

El Memorándum 016 también reveló un hecho particularmente alarmante:

“Explique a qué se debe que en los estados financieros de BLANCO SAF, correspondientes al segundo trimestre de 2024, no se revele su tenencia de cuotas de participación en el FONDO NEVADA FR, que según el Registro de Partícipes ascendería a US$ 440,229.50.”

Este hallazgo apunta a un posible intento de Blanco SAF de encubrir parte de su patrimonio, evitando así afrontar las compensaciones a BP6 y BP7. La omisión de la inversión en cuotas del Fondo Nevada 1 en los estados financieros oficiales añade otra capa de irregularidades a una gestión plagada de cuestionamientos.

Impacto del Memorándum 016

Más allá de ser un registro técnico, el Memorándum 016 es una denuncia contundente contra la administración de Blanco SAF. Deja en evidencia cómo decisiones opacas y malintencionadas afectaron no solo a BP6 y BP7, sino también a la confianza general en la institución. Si bien la SMV no tiene la facultad de sancionar directamente a los responsables, sus hallazgos sientan una base sólida para acciones legales futuras y exigen una investigación exhaustiva.

Conclusión: Una Red de Corrupción y Complicidades

El Memorándum 016 refuerza la narrativa de que el caso Nevada 1 no fue un accidente administrativo, sino el resultado de un esquema calculado donde actores como José Castillo, Maria Luisa Aguirre y Javier Rodríguez Larraín emplearon acuerdos secretos, desvíos de recursos y estrategias engañosas para beneficiar a un grupo selecto de personas. Mientras tanto, los verdaderos afectados —los partícipes de BP6 y BP7— soportaron las consecuencias de decisiones que violaron sus derechos.

Este caso no solo exige una respuesta inmediata por parte de las autoridades, sino también una reforma estructural que impida que los intereses personales prevalezcan sobre los colectivos. Los hallazgos del Memorándum 016 son un recordatorio de que la ambición desmedida y la falta de ética pueden destruir la confianza en el sistema financiero, dejando a los más vulnerables en una situación insostenible.

Los Más Afectados:

La Resolución de la Superintendencia Adjunta SMV N° 055-2024-SMV/10, emitida el 6 de noviembre de 2024, detalla el impacto financiero significativo sobre los fondos públicos BP6 y BP7, exigiendo que Blanco SAF compense los perjuicios ocasionados. Entre los montos identificados están:

Comisiones cobradas en exceso al BP6:

S/ 559,000

Adquisiciones de cuentas por cobrar de fondos privados:

S/ 6,951,734.27 - FI BP6 SOLES

US$ 4,386,888.52 - FI BP7 DÓLARES

Contratos de préstamos a través de fondos privados:

US$ 18,464,821 - FI BP7 DÓLARES.

Reconocimiento de inmuebles como propiedades de inversión:

S/ 1,342,126 - FI BP6 SOLES

US$ 3,451,533 - FI BP7 DÓLARES

Adquisición de acciones de C&H Fish S.A.C.:

S/ 3,930,017.14 - FI BP6 SOLES

S/ 25,884,663.03 - FI BP7 DÓLARES

En total, la SMV ha identificado un monto aproximado de S/. 137 millones que Blanco SAF debe compensar a BP6 y BP7. Para garantizar este resarcimiento, la SMV solicitó una medida cautelar sobre los activos de Blanco SAF.

AQUÍ LA RESOLUCIÓN N° 055-2024-SMV/10:

Por último, una vez más, es crucial aclarar que no se cuestiona el derecho legítimo de los partícipes de Nevada 1 a reclamar lo invertido más sus rendimientos. Sin embargo, estas obligaciones deben ser asumidas por el deudor del fondo o por quienes se habrían beneficiado con el desvío de sus recursos. No hay evidencia contable que justifique que Blanco SAF deba cargar con estas obligaciones, lo cual también señala por la SMV, que cuestiona el uso indebido de activos de la administradora. Estos recursos debían atender las deudas de BP6 y BP7 derivadas de operaciones que incumplieron las disposiciones vigentes.

Para quienes estén interesados, he creado un grupo de WhatsApp donde iré avisando conforme publique nuevos artículos y puedo responder preguntas respecto a los artículos:

O USA EL CODIGO QR DESDE LA CAMARA DE CELULAR: